lunes, 9 de abril de 2012

La gran falacia fiscal


Algunos lo veníamos denunciando desde que a este Gobierno se le ocurrió la feliz idea de subirnos los impuestos: lo que hace falta es recaudar los tributos existentes y recortar el gasto público. Ahora es el propio gabinete Chinchilla el que nos lo ha demostrado. Nada más y nada menos que por medio de los jerarcas del ministerio que con mayor virulencia ha defendido el paquete impositivo.

Mucho más allá de las formas que se han puesto de manifiesto ante la flagrante actuación del ya ex ministro Herrero y su subalterno predilecto, Francisco Villalobos, está el fondo de la cuestión. No nos engañemos, lo de estos dos señores es vergonzoso en las formas, pero tremendamente revelador en el fondo.

Para empezar el comportamiento del ex ministro y su mano derecha como presuntos defraudadores fiscales, viene a certificar la primera parte de los argumentos utilizados por la inmensa mayoría de los economistas de Costa Rica: lo más importante es recaudar efectivamente los impuestos que ya existen.

Si el Ministro de Hacienda y el Jefe de Tributación Directa pareciera que no están cumpliendo son sus deberes fiscales, a pesar de tener acceso a toda la información disponible y ser conocedores de primera mano de la legislación vigente, ¿quién nos garantiza que el resto de los contribuyentes lo están haciendo?. Pero voy más allá, ¿con qué autoridad moral puede un gobierno solicitar esfuerzos fiscales a los ciudadanos si sus propios miembros resultan ser evasores?.

La segunda parte del argumento es la que ha pasado más desapercibida a lo largo de esta conveniente semana de pasión tributaria. Me refiero al derroche público indiscriminado que seguimos viviendo y que el gobierno ha tratado de enmascarar. Resulta de la familia de Fernando Herrero tiene en el sector público su principal fuente de ingresos desde hace ya unos cuantos años, y no me refiero a su salario ministerial, sino por medio de suculentas asesorías.

Este descubrimiento sobre el supuesto fraude del ex ministro, ha revelado cómo en este país se reparte un muy interesante queque estatal de consultorías entre familiares y amigos apegados a los partidos políticos. Resulta que la esposa de don Fernando es asesora de Presidencia y Recope, en donde le firmaron como prescriptores tres miembros del gabinete Chinchilla. Antes lo fue del PLN, partido que cobró los honorarios de la empresa de la que era socio Herrero como parte de la deuda política, es decir, que los pagamos entre todos. El historial de asesorías políticas de los Herrero se remonta a Procomer, ente estatal al que muchos señalan como la “mayor piñata de dádivas” de este país.

En definitiva, que Herrero hablaba en sus conferencias de la necesidad de subir los impuestos para mantener los estándares educativos y sanitarios costarricenses. Pero omitía que sus ingresos familiares proceden igualmente del bolsillo de todos los contribuyentes, entre los cuales él figura de forma parcial. La gran falacia de mayores impuestos parece haber quedado desmontada. Ojalá así sea.

miércoles, 8 de febrero de 2012

La realidad fiscal tica: un Estado empresario


A pesar de la tozudez con la que el gobierno de Laura Chinchilla insiste en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para detener el déficit fiscal que ellos mismo crearon, la realidad siempre supera a los discursos. Generalmente para contradecirlos.

Y la realidad no es otra que la noticia de la compra por parte del ICE de una empresa privada de televisión por cable. Los cuestionamientos parecen obvios: ¿qué hace una institución del Estado comprando una empresa privada y entrando a competir en un mercado maduro como el de la televisión por cable?. ¿Cómo es posible que un país con las finanzas públicas en tan maltrecha situación se pueda permitir destinar una ingente cantidad de dinero a comprar una empresa para irrumpir en un negocio privado?.

Sin embargo, a día de hoy no hemos visto airadas reacciones por parte de la clase política. Como tampoco nuestros más ilustres economistas han puesto el grito en el cielo ante la increíble conducta de una institución pública. El motivo es que aquí se asume sin reflexión alguna que el Estado, ese órgano que rige nuestras vidas y se alimenta de nuestros impuestos, además de prestar de servicios básicos es el principal empresario del país.

Un empresario que no tiene porqué ofrecer beneficios a sus accionistas. Un empresario que, para evitar la quiebra de una de sus filiales, Racsa, sencillamente se dedica a comprar empresas privadas y así destinar parte de sus recursos –públicos, no nos olvidemos- a prestar un servicio sin interés social alguno: televisión por cable. ¿Qué será lo próximo?. ¿Creará o comprará el ICE su propio canal de televisión para adultos?.

La cuestión es que las empresas propiedad del Estado siguen adelante operando en el mercado como si de corporaciones privadas se tratasen. Cuando necesitan más dinero simplemente recurren a Aresep para subirnos las tarifas de telefonía, luz, agua o gasolina. Tarifas que empiezan a sonar a impuestos encubiertos. ¿Por qué no emplea el ICE su superávit en telecomunicaciones para cubrir los déficits que genera su ineficiente actividad eléctrica?. ¿Por qué tenemos que pagar más cara la luz mientras el Grupo ICE destina recursos a comprar empresas privadas?.

Me resulta curioso que ningún político ni economista mediático ha planteado ninguna de estas preguntas en público. Quizá sea porque aquí, en el país en el que se mezcla la constitución política más liberal de Occidente, con el estado democrático con mayor tamaño de sector público empresarial, algunas cosas parecen inamovibles. Siempre y cuando no pretendan tocarnos los bolsillos para seguir pagando la fiesta.


(Publicado en el diario La República el 9 de febrero)