El Estado no es Robin Hood

Asistimos desde hace muchas décadas al debate vacío de liberalismo contra socialdemocracia: el mercado o el Estado. La realidad es que la socialdemocracia nunca ha dejado de ser el elemento básico de la política económica en Occidente desde mediados del siglo XX. La teoría de la redistribución se aplica, con mayor o menor intensidad, en todos los países occidentales.

Tanto es así, que el discurso liberal –salvando el caso del anarquismo capitalista- ha dejado de hablar de Adam Smith y prefiere referirse al Estado como el ente que permite que exista igualdad de oportunidades –y no de resultados- para los ciudadanos de un país. En otras palabras, el Estado debe ser el garante de que todos tengamos el mismo acceso a servicios básicos, defender nuestra seguridad y la propiedad privada.

Por el contrario el discurso socialdemócrata gira cada vez más hacia el socialismo. La teoría de la redistribución de la riqueza parece agarrar más fuerza entre sus seguidores. No basta con garantizar igualdad de oportunidades, el socialismo quiere igualdad de resultados sea cual sea el nivel de mérito o esfuerzo de cada ciudadano. Se les escucha hablar del Estado como benefactor de los pobres en detrimento de los ricos. Un Robin Hood institucionalizado que, por medio del poder coercitivo de los impuestos o los precios regulados de servicios básicos (agua, luz, gasolina...), detrae dinero a los que más tienen para dárselo a los que no tienen tanto.

En este contexto y ante la situación actual del Estado en Costa Rica se alzan voces que ven una suerte de redistribución de la riqueza, incluso hablan de "justicia social", en los abultados salarios y privilegios de un sector muy significativo de los empleados públicos. Lo cual no deja de ser una falacia. Sobre todo cuando descubrimos el siguiente dato: el 80 por ciento de los ciudadanos con las rentas más altas del país –percentil 90, es decir, el 10 por ciento con las rentas más elevadas- son empleados de las instituciones del Estado.

Conocido este dato, ¿a quién está robando este hipotético Robin Hood que nos receta la socialdemocracia?. La respuesta parece evidente. Adicionalmente, tenemos un Estado que, no sólo paga salarios hasta ocho veces más altos que la empresa privada, sino que además ha olvidado sus funciones primarias en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

Para nadie es un secreto que muchos ciudadanos tienen que recurrir a la educación y la sanidad privadas para poder lograr estándares de calidad similares a los que el Estado tenía hace un par de décadas. Por no hablar de funciones fundamentales para el desarrollo como la seguridad o la inversión en infraestructuras.

Ahí es donde encontramos esa dicotomía actual sobre el Estado costarricense: los ingresos son insuficientes pero los gastos no van dirigidos a lograr una mejor sociedad, sino a pagar cada vez mejor a sus funcionarios.

Podemos seguir culpando a la evasión fiscal de todos nuestros males como sociedad que no cree en el Estado del bienestar. Pero no es menos cierto que el incentivo para aportar algo a ese Robin Hood del que hablan algunos es nulo.  Sin una planificación clara del destino del gasto público, el Estado no puede pretender mayores esfuerzos fiscales de unos ciudadanos abocados a utilizar más recursos en servicios esenciales privados.

Publicado en La República.

La realidad fiscal tica: un Estado empresario

A pesar de la tozudez con la que el gobierno de Laura Chinchilla insiste en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para detener el déficit fiscal que ellos mismo crearon, la realidad siempre supera a los discursos. Generalmente para contradecirlos.

Y la realidad no es otra que la noticia de la compra por parte del ICE de una empresa privada de televisión por cable. Los cuestionamientos parecen obvios: ¿qué hace una institución del Estado comprando una empresa privada y entrando a competir en un mercado maduro como el de la televisión por cable?. ¿Cómo es posible que un país con las finanzas públicas en tan maltrecha situación se pueda permitir destinar una ingente cantidad de dinero a comprar una empresa para irrumpir en un negocio privado?.

Sin embargo, a día de hoy no hemos visto airadas reacciones por parte de la clase política. Como tampoco nuestros más ilustres economistas han puesto el grito en el cielo ante la increíble conducta de una institución pública. El motivo es que aquí se asume sin reflexión alguna que el Estado, ese órgano que rige nuestras vidas y se alimenta de nuestros impuestos, además de prestar de servicios básicos es el principal empresario del país.

Un empresario que no tiene porqué ofrecer beneficios a sus accionistas. Un empresario que, para evitar la quiebra de una de sus filiales, Racsa, sencillamente se dedica a comprar empresas privadas y así destinar parte de sus recursos –públicos, no nos olvidemos- a prestar un servicio sin interés social alguno: televisión por cable. ¿Qué será lo próximo?. ¿Creará o comprará el ICE su propio canal de televisión para adultos?.

La cuestión es que las empresas propiedad del Estado siguen adelante operando en el mercado como si de corporaciones privadas se tratasen. Cuando necesitan más dinero simplemente recurren a Aresep para subirnos las tarifas de telefonía, luz, agua o gasolina. Tarifas que empiezan a sonar a impuestos encubiertos. ¿Por qué no emplea el ICE su superávit en telecomunicaciones para cubrir los déficits que genera su ineficiente actividad eléctrica?. ¿Por qué tenemos que pagar más cara la luz mientras el Grupo ICE destina recursos a comprar empresas privadas?.

Me resulta curioso que ningún político ni economista mediático ha planteado ninguna de estas preguntas en público. Quizá sea porque aquí, en el país en el que se mezcla la constitución política más liberal de Occidente, con el estado democrático con mayor tamaño de sector público empresarial, algunas cosas parecen inamovibles. Siempre y cuando no pretendan tocarnos los bolsillos para seguir pagando la fiesta.


(Publicado en el diario La República el 9 de febrero)

Porqué me rebelo ante el paquetazo impositivo

Lo veíamos venir desde hace tiempo. El gobierno de Laura Chinchilla, acuciado por la grave situación de las finanzas públicas, en parte heredada y en parte apuntillada por méritos propios, está logrando su desesperada lucha por conseguir más ingresos. De ahí que se haya fraguado una alianza contra natura entre PLN y PAC -como la que ya se gestó para asaltar la Asamblea Legislativa en mayo de este mismo año- con el objetivo de dar cobijo a la insostenible situación del Estado costarricense.

Sí, estimado lector, ese es el único fin de este denominado “paquetazo” impositivo: mantener a toda costa un Estado ineficaz, ineficiente y anclado en el pasado. Porque eso es precisamente lo que tenemos hoy en Costa Rica, un aparato estatal administrativo y empresarial -¡sí, empresarial!- anquilosado y que ha ido creciendo en los últimos años sin mesura ni control alguno.

Si echamos la vista atrás tan sólo dos años, podremos comprobar como, en plena crisis económica el Estado incrementaba la planilla de forma espectacular para absorber la decadencia en el empleo privado. Pero no sólo se contrataron a más y más funcionarios y empleados de organismos públicos y empresas nacionales, sino que se les subieron los salarios por encima de la inflación. Mientras, en la empresa privada, se sufrían importantes ajustes en plantilla y aumentos de sueldo.

Paradójicamente, mientras el Gobierno sacaba pecho del relativamente buen dato del aumento de los precios al consumo, ellos mismos subían los salarios hasta el doble de lo que lo hacía la inflación y el triple que el sector privado. Igualmente, aunque los ingresos procedentes de los impuestos iban en franco retroceso, el Gobierno contrataba más y más personal. Ahora nos piden a los ciudadanos que paguemos la factura.

Lo fácil para el Gobierno es subir los impuestos para intentar tapar el agujero creado por las decisiones que él mismo ha tomado. En ningún caso se ha planteado la profunda reestructuración del elefante blanco que hoy administra Laura Chinchilla. Menos ahora que cuenta con el apoyo del partido que más beneplácito genera entre los empleados públicos: el PAC.

Este paquetazo de impuestos no crea recelo entre las decenas de miles de empleados que se sustentan del pago de los tributos y los precios regulados. Mientras que los beneficiarios del presupuesto público o de sus estructuras paralelas –monopolios estatales, empresas públicas, organismos autónomos…- en cuanto atisban en más mínimo riesgo hacia sus privilegios no dudan en echarse a la calle. Y eso, estimado lector, es algo que incomoda mucho a los gobernantes. Más aún cuando estos son débiles y pusilánimes.

Los ciudadanos estaríamos dispuestos a pagar más impuestos si hubiese un plan de inversión pública que lo respaldase. Pero sencillamente no lo hay. Sino que lo que se nos dice es que hay que pagar más para seguir con una sanidad pública en picado, una educación pública deficiente y una infraestructura del siglo XIX.

Ante esta situación, el ciudadano no tiene más remedio que aplicar el mismo criterio y oponerse frontalmente a este paquetazo sin sentido que se nos pretende imponer. Porque es la seguridad del Gobierno y sus nuevos aliados de que en este país el pueblo es dócil ante las injusticias, la que permite que se antepongan los intereses de grupos de presión sobre los intereses generales del pueblo.

Ha llegado la hora de, que los que no formamos parte de los poderosos grupos de presión que cortan las calles invariablemente para mantener o aumentar sus ilimitados privilegios, nos rebelemos. Porque la gran realidad del paquetazo es que su único objetivo es contener -que no eliminar- el déficit galopante fruto del despilfarro perpetrado durante los últimos cinco años. ¡Reaccionemos!.

Verdades a medias y mentiras totales

Fernando Herrero, ministro de Hacienda de Costa Rica, continúa su labor implacable para lograr cobrarnos más impuestos. Ahora la campaña iniciada por el gobierno de Laura Chinchilla toma tintes de amenaza: "si no recaudamos más impuestos habrá recortes en sanidad, educación y no podremos acometer nuevas infraestructuras", afirma Herrero mientras proyecta en la pantalla del salón Real del Inter una diapositiva con un hueco en la carretera, un edificio público cayéndose y unos escolares con expresión triste.

"Recortar gasto corriente no es suficiente", sentencia Herrero, mientras habla del aparato del Estado como el gran benefactor que sólo se dedica a impartir educación, sanar a sus ciudadanos, protegerlos de los malhechores y proveerlos de infraestructuras. Ni una sola referencia al mayor imperio empresarial del país: el propio Estado. Toda una verdad a medias.

¿Acaso no es el Estado costarricense propietario de las mayores entidades financieras (Banco Nacional y BCR), la más grande aseguradora (INS), las operadoras monopolísticas de la distribución energética (Recope y CNFL) y la telefónica nacional (ICE)?. Por no hablar de otros negocios del Estado, como la fabricación y venta de alcohol. ¿Qué función social cumple el Estado siendo empresario en todos esos sectores, señor Herrero, algunos en competencia en el mercado libre?. Aunque encontrásemos un sentido social a cualquiera de ellos, hay otra pregunta, ¿es eficiente el Estado como empresario?.

Me parece muy cuestionable que un ministro de Hacienda afirme que "sólo aumentando la recaudación el Estado del bienestar será sostenible en Costa Rica". Sobre todo porque debería el ministro revisar a qué dedica el sector empresarial estatal sus recursos y qué posibilidades hay de que ese ingente aparato generador de ingresos -el cual debiera privatizarse parcialmente, a todas luces- sea el que sufrague la factura del déficit del Estado.

No, eso no va a suceder. Menos con este Gobierno timorato y descabezado. Pero la evidencia está ahí. Para botón de muestra la noticia de ayer: "La construcción de la central hidroeléctrica de Pirrís duplica el presupuesto inicial". Para generar 67 megavatios, el ICE ha invertido nada menos que 600 millones de dólares. En la represa de La Joya, concesión mediante el sistema de BOT que opera Unión Fenosa costó unos 120 millones de dólares y genera 50 megavatios. Me parece que sobra cualquier comentario, salvo una pregunta: ¿si se hubiese dejado a la iniciativa privada desarrollar esa central, se hubiesen podido destinar esos 600 millones de dólares a educación, salud, seguridad o infraestructuras?.

En lugar de realizar este tipo de análisis, básicos para un señor con tan vasta formación económica como es don Fernando, este Gobierno prefiere salir de cacería al zoológico, como ya se ha dicho aquí. Por eso Herrero nos amenaza. Aunque la gran amenaza es ese paquete fiscal versión 2.0 que continúa gravando la educación, por ejemplo. Curiosamente en la misma conferencia en la que Herrero defiende poner impuestos a todo el que desee una mejor educación, saca pecho de la importancia que para Costa Rica tiene el factor educativo de la población como ventaja competitiva. Mayor demagogia no puede haber.

Cuando no existen prioridades

En un país tan necesitado de inversión pública como Costa Rica, lo mínimo que se debe exigir a un gobernante es que tenga una prioridades a la hora de asignar los escasos recursos de los que dispone. Digo lo mínimo porque hemos de descartar la pretensión, añorada por muchos, por la que iniciativa privada y pública puedan unirse para poner en marcha grandes proyectos. Ese camino ya lo han cerrado los poderes fácticos nacionales con su bombardeo diario a las concesiones de obra pública.

Eliminada por la presión mediática la más importante herramienta para aunar recursos públicos y privados, sólo nos queda esperar que el Gobierno sea capaz de poner en marcha un programa de inversión pública que logre cubrir los importantísimos déficits que sufre Costa Rica. Lamentablemente, eso no va a suceder.

Casi un año desde que tomó posesión este Gabinete basta para darnos cuenta de que no existe un plan, no hay un programa y, lo peor de todo, no se han formulado prioridades. Lo único que se acerca a un objetivo es la pretensión de avanzar hacia la meta de ser un país con emisiones nulas de dióxido de carbono. Una idea muy loable, pero sin duda bastante alejada de la realidad para un país en vías de desarrollo.

Y es que uno tiende a pensar que algunos gobernantes, como doña Laura, se dejan influir demasiado por determinados asesores cuya vida en Costa Rica se asemeja más a la de un ciudadano de Noruega que a la de un muchacho de Alajuelita. Personas que han estudiado en el extranjero, se compran el último modelo de Mac y pasan el día leyendo las últimas tendencias tecnológicas en las redes sociales. En otras palabras, más conectados con el mundo virtual de los países desarrollados, que con el mundo real que los rodea.

Carbono neutral, laptop para los escolares y digitalización gubernamental, suenan más a objetivos de un país que tiene resueltos los problemas en temas tan básicos como educación, seguridad ciudadana e infraestructuras y ahora tienen que ver cómo mejoran su imagen ante el mundo o si avanzan puestos en el Informe PISA. Pero aquí, en Costa Rica, un país con una renta per cápita aún muy lejos de los $30,000, aún quedan mucho camino por recorrer antes de pensar en ocurrencias futuristas propias del que lo tiene todo y ahora aspira a “salvar el Planeta”.

Claro que cuando no hay prioridades, ni liderazgo, ni se tienen las ideas claras ocurren estas cosas. Cualquiera con un mínimo de sentido común sabe que Costa Rica tiene un tremendo déficit en infraestructuras, un nivel educativo en franco deterioro y una seguridad pública cada vez más débil.

Nuestros políticos prefieren mirar para otro lado. Se dejan manejar como marionetas por la última portada de los diarios. Se enfocan en los TED Pura Vida y demás fanfarria de cuasi ciencia ficción y olvidan lo básico. Olvidan, por ejemplo, que un empleado que viaja de Tres Ríos a Heredia para ocupar su puesto de trabajo, invierte tres horas de su vida cada día en desplazarse. Olvidan que hay colegios en condiciones deplorables que los hacen inservibles para su fin. Olvidan que vivimos en un país sin una red de saneamiento urbano decente.

Olvidan, al fin y al cabo, las prioridades de un país que lucha por dar a sus ciudadanos igualdad de oportunidades.

De cacería en el zoológico

En unas pocas semanas han corrido ríos de tinta por parte de prestigiosos analistas, fiscalistas y economistas acerca de la necesidad o inoportunidad del paquete impositivo –que no reforma fiscal- que el Gobierno está presentando al Poder Legislativo para su aprobación. Sin embargo, pocos se han atrevido a vislumbrar los efectos que este engendro fiscal tendrá sobre la economía real. En particular sobre la golpeada clase media costarricense.

Llama la atención poderosamente que nuestros más notables economistas, tan preocupados ellos siempre por el dato de la inflación, no se hayan detenido a pensar cómo afectará la propuesta fiscal sobre dicha magnitud. ¿Cómo piensan que afectará el nuevo impuesto sobre los servicios al precio final de los bienes que consumimos?. ¿Cómo influirá el impuesto sobre el valor añadido que los transportistas, los agentes aduanales o los abogados cargarán a partir de ahora en sus facturas sobre el precio del resto de los productos?.

¿Y el efecto redondeo?. ¿Acaso alguien piensa que si el precio de un determinado bien es de 1.000 colones, cuando pase el paquete de impuestos será 1.077 como consecuencia del paso de gravamen del 13 al 14 por ciento?. Está comprobado que este tipo de medidas incentivan el redondeo al alza y que serán, como mínimo, 1.100 los colones que pasará a costar el artículo que antes se cobraba a 1.000.

Pero vayamos un poco más allá. ¿Cómo es posible que un país que anda ondeando la bandera de la educación vaya a gravar con impuestos indirectos un rubro tan sensible para el desarrollo de Costa Rica?. Resulta inconcebible que este punto haya sido planteado por un grupo de personas que se autodenominan “socialdemócratas”. Ni los países europeos con mayor tasa de presión fiscal contemplan una medida tan regresiva.

Como regresivo es en sí el paquete de impuestos propuesto. Sobre todo porque supone un misil sobre la línea de flotación que sustenta la maltrecha economía de la clase media costarricense. Los impuestos indirectos, sobre los que se fundamenta este ajuste fiscal, no entienden de clases sociales, sino que se aplican de igual forma sobre ricos y sobre pobres. Todos pagan el mismo porcentaje. Más aún aquellos que, como ocurre con la inmensa mayoría de los ciudadanos de clase media, gastan sus rentas localmente.

Pensemos en una familia de clase media que vive en una vivienda alquilada y realiza ímprobos esfuerzos por llevar a su único hijo a un colegio privado. Para ellos el costo real de la vida, sin considerar los efectos de la inflación expuestos más arriba, se verá incrementado de forma considerable. Si el colegio cuesta 170.000 colones al mes y el alquiler 300.000, los nuevos impuestos harán que tengan que pagar 59.000 colones más al mes por ambos conceptos. Una cifra imposible de cubrir por no pocos hogares.

El Gobierno, con el único objetivo de continuar manteniendo el insostenible aparato del Estado, ha echado mano de un incremento lineal de impuestos que golpeará directamente a la clase media. Este sector, además, está incapacitado para realizar ningún tipo de planificación fiscal que le ayude a reducir la factura impositiva, como ocurre con los sectores más pudientes.

Laura Chinchilla y su equipo no han querido entrar a modificar el sistema para que paguen más los que más ganan, sino que han optado por aumentar los impuestos a los que ya los pagan. En definitiva, el Gobierno ha preferido salir de cacería al zoológico.