Cuando no existen prioridades

En un país tan necesitado de inversión pública como Costa Rica, lo mínimo que se debe exigir a un gobernante es que tenga una prioridades a la hora de asignar los escasos recursos de los que dispone. Digo lo mínimo porque hemos de descartar la pretensión, añorada por muchos, por la que iniciativa privada y pública puedan unirse para poner en marcha grandes proyectos. Ese camino ya lo han cerrado los poderes fácticos nacionales con su bombardeo diario a las concesiones de obra pública.

Eliminada por la presión mediática la más importante herramienta para aunar recursos públicos y privados, sólo nos queda esperar que el Gobierno sea capaz de poner en marcha un programa de inversión pública que logre cubrir los importantísimos déficits que sufre Costa Rica. Lamentablemente, eso no va a suceder.

Casi un año desde que tomó posesión este Gabinete basta para darnos cuenta de que no existe un plan, no hay un programa y, lo peor de todo, no se han formulado prioridades. Lo único que se acerca a un objetivo es la pretensión de avanzar hacia la meta de ser un país con emisiones nulas de dióxido de carbono. Una idea muy loable, pero sin duda bastante alejada de la realidad para un país en vías de desarrollo.

Y es que uno tiende a pensar que algunos gobernantes, como doña Laura, se dejan influir demasiado por determinados asesores cuya vida en Costa Rica se asemeja más a la de un ciudadano de Noruega que a la de un muchacho de Alajuelita. Personas que han estudiado en el extranjero, se compran el último modelo de Mac y pasan el día leyendo las últimas tendencias tecnológicas en las redes sociales. En otras palabras, más conectados con el mundo virtual de los países desarrollados, que con el mundo real que los rodea.

Carbono neutral, laptop para los escolares y digitalización gubernamental, suenan más a objetivos de un país que tiene resueltos los problemas en temas tan básicos como educación, seguridad ciudadana e infraestructuras y ahora tienen que ver cómo mejoran su imagen ante el mundo o si avanzan puestos en el Informe PISA. Pero aquí, en Costa Rica, un país con una renta per cápita aún muy lejos de los $30,000, aún quedan mucho camino por recorrer antes de pensar en ocurrencias futuristas propias del que lo tiene todo y ahora aspira a “salvar el Planeta”.

Claro que cuando no hay prioridades, ni liderazgo, ni se tienen las ideas claras ocurren estas cosas. Cualquiera con un mínimo de sentido común sabe que Costa Rica tiene un tremendo déficit en infraestructuras, un nivel educativo en franco deterioro y una seguridad pública cada vez más débil.

Nuestros políticos prefieren mirar para otro lado. Se dejan manejar como marionetas por la última portada de los diarios. Se enfocan en los TED Pura Vida y demás fanfarria de cuasi ciencia ficción y olvidan lo básico. Olvidan, por ejemplo, que un empleado que viaja de Tres Ríos a Heredia para ocupar su puesto de trabajo, invierte tres horas de su vida cada día en desplazarse. Olvidan que hay colegios en condiciones deplorables que los hacen inservibles para su fin. Olvidan que vivimos en un país sin una red de saneamiento urbano decente.

Olvidan, al fin y al cabo, las prioridades de un país que lucha por dar a sus ciudadanos igualdad de oportunidades.

De cacería en el zoológico

En unas pocas semanas han corrido ríos de tinta por parte de prestigiosos analistas, fiscalistas y economistas acerca de la necesidad o inoportunidad del paquete impositivo –que no reforma fiscal- que el Gobierno está presentando al Poder Legislativo para su aprobación. Sin embargo, pocos se han atrevido a vislumbrar los efectos que este engendro fiscal tendrá sobre la economía real. En particular sobre la golpeada clase media costarricense.

Llama la atención poderosamente que nuestros más notables economistas, tan preocupados ellos siempre por el dato de la inflación, no se hayan detenido a pensar cómo afectará la propuesta fiscal sobre dicha magnitud. ¿Cómo piensan que afectará el nuevo impuesto sobre los servicios al precio final de los bienes que consumimos?. ¿Cómo influirá el impuesto sobre el valor añadido que los transportistas, los agentes aduanales o los abogados cargarán a partir de ahora en sus facturas sobre el precio del resto de los productos?.

¿Y el efecto redondeo?. ¿Acaso alguien piensa que si el precio de un determinado bien es de 1.000 colones, cuando pase el paquete de impuestos será 1.077 como consecuencia del paso de gravamen del 13 al 14 por ciento?. Está comprobado que este tipo de medidas incentivan el redondeo al alza y que serán, como mínimo, 1.100 los colones que pasará a costar el artículo que antes se cobraba a 1.000.

Pero vayamos un poco más allá. ¿Cómo es posible que un país que anda ondeando la bandera de la educación vaya a gravar con impuestos indirectos un rubro tan sensible para el desarrollo de Costa Rica?. Resulta inconcebible que este punto haya sido planteado por un grupo de personas que se autodenominan “socialdemócratas”. Ni los países europeos con mayor tasa de presión fiscal contemplan una medida tan regresiva.

Como regresivo es en sí el paquete de impuestos propuesto. Sobre todo porque supone un misil sobre la línea de flotación que sustenta la maltrecha economía de la clase media costarricense. Los impuestos indirectos, sobre los que se fundamenta este ajuste fiscal, no entienden de clases sociales, sino que se aplican de igual forma sobre ricos y sobre pobres. Todos pagan el mismo porcentaje. Más aún aquellos que, como ocurre con la inmensa mayoría de los ciudadanos de clase media, gastan sus rentas localmente.

Pensemos en una familia de clase media que vive en una vivienda alquilada y realiza ímprobos esfuerzos por llevar a su único hijo a un colegio privado. Para ellos el costo real de la vida, sin considerar los efectos de la inflación expuestos más arriba, se verá incrementado de forma considerable. Si el colegio cuesta 170.000 colones al mes y el alquiler 300.000, los nuevos impuestos harán que tengan que pagar 59.000 colones más al mes por ambos conceptos. Una cifra imposible de cubrir por no pocos hogares.

El Gobierno, con el único objetivo de continuar manteniendo el insostenible aparato del Estado, ha echado mano de un incremento lineal de impuestos que golpeará directamente a la clase media. Este sector, además, está incapacitado para realizar ningún tipo de planificación fiscal que le ayude a reducir la factura impositiva, como ocurre con los sectores más pudientes.

Laura Chinchilla y su equipo no han querido entrar a modificar el sistema para que paguen más los que más ganan, sino que han optado por aumentar los impuestos a los que ya los pagan. En definitiva, el Gobierno ha preferido salir de cacería al zoológico.